Matanza de periodistas

Los periodistas profesionales sabemos que no tenemos derecho a pedir medidas especiales de seguridad. Y actuamos en consecuencia.
 
A la burocracia lo único que se le ocurre es crear entidades que no funcionan pero, eso sí, tienen nombres tan largos como ridículos.
 
Ahí está la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. La preside la diputada federal María Yolanda Valencia y es muy útil para condenar asesinatos de colegas. Sirve para eso y nada más.
 
El presidente Felipe Calderón tampoco es un escudo ni para el gremio ni para la sociedad.
 
En el año y medio que lleva Javier Duarte como gobernador de Veracruz han sido ultimados allá nueve colegas. Duarte tiene relaciones con el notorio Pancho Colorado, uno de los presuntos lavadores de narcodólares.
 
Pancho, por cierto, le prestó uno de sus aviones en varias ocasiones a doña Jose Vázquez Mota. Un hermano del Colorado, Manuel, fue candidato a diputado federal por el PAN en el distrito de Poza Rica.
 
Por su parte, Calderón tuitea para expresar su beneplácito porque la fotorreportera saltillense Stephanie Cardoso y su bebé de dos años fueron liberados por sus secuestradores.
 
Cómo estará la cosa que la colega no le dice a nadie donde están ella y la criatura. Eso sí, el Calderas le promete a la joven reportera gráfica la protección de la Procuraduría General de la República.
 
Stephanie dejó bien claro que prefiere pedir amparo al Estado federal antes que a la autoridad local. La neta: no hay gran diferencia.
 
El michoacano debe pensar que todos los mexicanos somos débiles mentales.
 
Los nuevoleoneses, en particular, tenemos motivos muy sólidos para desconfiar de la PGR: no olvidamos la tragedia del Royale.
 
La procu general y la deficiente Comisión Nacional de Derechos Humanos anuncian, por su parte, que investigarán el crimen perpetrado esta misma semana contra el compañero xalapeño Víctor Báez.
 
Esas son las garantías que brinda la Federación, porque de Duarte, como de su cofrade coahuilense Rubén Moreira, no se puede esperar nada bueno.
 
Bien o, mejor dicho, mal.
 
Las cosas, como son. Ochenta o noventa periodistas asesinados, veinte o treinta desaparecidos y Dios sabe cuántos en el exilio.
 
Naturalmente, no hay cifras aproximadas a la realidad.
 
Hay mucha gente del oficio al servicio del narco: lamentable, pero cierto. Y desde luego, encontramos complicidad en editores y concesionarios. Así son las cosas en México.
 
Ergo, ni solicitamos ni el gobierno podría ordenar que un batallón de paracaidistas o comandos escolte día y noche a cada uno de los profesionales de la información.
 
Y adelantamos que no servirá para nada esa tonta ley que está supuestamente a discusión en el Congreso, dizque para garantizar la integridad física de los informadores.
 
No demandamos un trato especial: sólo queremos que se castigue a los homicidas no nada más de periodistas, sino de cualquier persona.
 
Pero en lo único que cumplen y coinciden los tres escalones de gobierno es en asegurarles impunidad a los sayones.
 
 
 
 
PIE DE PÁGINA: Nuestros mejores deseos para que recupere su salud nuestro amigo Nacho Zapata, activista social y valeroso defensor de los derechos humanos.


Impunidad rampante
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