Luto permanente en región minera de Coahuila

La vida de los mexicanos es muy barata, dentro o fuera de México.
 
Lo saben los empresarios y lo saben los banqueros; lo saben los políticos y lo saben los pistoleros.
 
La Secretaría del Trabajo y Protección Civil hicieron 16 inspecciones a la mina de Palaú-Múzquiz donde esta semana murieron siete mineros.
 
Dieciséis inspecciones y no hallaron ninguna irregularidad.
 
A los dueños les sale más barato darles mordida a los inspectores que invertir unos pesos en mejorar las condiciones de seguridad del socavón.
 
En realidad se trata de un pozo, clandestino para más señas, con todo y que le hayan hecho 16 visitas los burócratas.
 
Lo indicado, supongo, era clausurar la galería. Pero ello significaba cerrar la ventanilla de los sobornos.
 
Los trabajadores de la oscuridad faenaban a una profundidad de 75 metros y cobraban entre mil y mil 200 pesos a la semana.
 
El dueño de Minera El Progreso es un político, desde luego: Federico Quintanilla, ex alcalde de Progreso, Coahuila.
 
La región minera del vecino y hermano estado viste permanentemente de luto: en año y medio han perecido 30 personas.
 
Esto, para no citar a Pasta de Conchos y Barroterán.
 
Treinta y siete niños y jovencitos quedaron sin padre. Diana Sánchez ha perdido a dos hermanos en las minas; doña María de Lourdes Camacho enterró ayer a su hijo y se quedó sin amparo. La explosión de gas grisú mató a los hermanos Pedro y Héctor Alcalá.
 
La crónica negra no está terminada ni mucho menos.
 
Los mineros seguirán muriendo bajo tierra, en la oscuridad, sin esperanzas de que, como hicieron en Chile, se mueva el Presidente de la República para salvar a los atrapados.
 
En Múzquiz tres mil hombres se la juegan a diario en las excavaciones: eso o el hambre.
 
No tienen, estos obreros, ni Seguro Social ni nada. Van a la buena de Dios.
 
Qué hacen.
 
Son propiedad de los accionistas: ellos son sus verdugos.
 
Vivo, el minero vale poco; muerto, vale menos.
 
Sí, allá estuvo en el camposanto el gobernador Rubén Moreira quien, para variar, prometió que se cumplirá fielmente con lo que establece la normatividad en materia de higiene y seguridad para que no haya más muertes en la industria minera.
 
Palabras que no se reflejarán en la realidad. Y claro, dieron el pésame a los deudos la titular de la STPS, Rosalina Vélez, y el director de Protección Civil, Francisco Martínez.
 
Entiendo que pagaron los ataúdes.
 
Un diputado del PAN, Ricardo García Cervantes, salvó la dignidad del sector público. Alguien tuvo el descaro de decir que, al fin y al cabo, eran pocos muertos. Imaginar que alguien tenga el alma tan mezquina para salir con esto. No fue lejos por la respuesta: dicen que tuvieron que contener a García Cervantes para que lo le partiera el alma al boquiflojo.
 
Lo hubieran dejado.
 
Si algunas docenas de legisladores fueran como don Ricardo, independientemente del partido en que militan, podríamos recobrar algo de la fe perdida.
 
Pero el albiazul es un garbanzo de varias libras.
 
 
"¿Qué contienen más microbios, las monedas o los billetes de banco?"

Explotación y muerte en el subsuelo
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