Se ahonda el pesar en Coahuila

La avaricia y el desprecio por la vida humana volvieron a enlutar al gremio minero de Coahuila.
 
Al momento se han rescatado seis cadáveres; un trabajador fue retirado vivo, aunque herido, y cuatro más siguen atrapados, si bien Altos Hornos de México, propietario del socavón, y el gobierno del estado, aseguran que ya fueron localizados.
 
Lo que no dicen es si aún viven.

La tragedia de ayer ocurrió en el municipio de Progreso, en el pozo que lleva el mismo nombre de la Comuna.
 
Apenas hace nueve días perecieron siete trabajadores de las minas en Múzquiz, siempre en el vecino estado. El IMSS no se quedó callado y denunció que la Compañía Minera El Progreso sólo tenía registrado en el instituto a uno de los fallecidos.
 
En una experiencia digna de Kafka, el jueves comparecieron ante una comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los cuatro funcionarios responsables de la seguridad industrial en ese sector:
 
Antonio Meade, de Energía; Bruno Ferrari, de Economía (recién se enteró por la Prensa, al más puro estilo de Nuevo León, que México importó millón y medio de toneladas de maíz; el bato ni idea tenía); Javier Lozano, de Trabajo; y Rafael Elvira, de la Semarnat.
 
Lozano se manifestó como lo que es: un burócrata que en su soberbia sólo siente desdén hacia la clase trabajadora. Las medidas de seguridad en las minas son de lo mejor que pueda haber, dijo.
 
Y pronunció palabras inmortales que lo identifican para la eternidad como colaborador del presidente Calderón: muere más gente en los supermercados que en las minas.
 
Sus colegas del gabinete se portaron con decoro. “Me da gusto”, señaló el diputado del PRI Miguel Pompa Corella, “que algunos de los secretarios compartan el dolor y que no pretendan con estadísticas consolar a los deudos diciendo que en otras partes se muere más gente”.
 
Sí, los otros tres funcionarios se portaron de manera correcta. Pero lo que dijeron confirma que los mineros no tienen ninguna protección.
 
El marco regulatorio de la industria, dijeron, “es débil e insuficiente”: no ofrece ninguna garantía a los trabajadores. Las multas que se imponen a los dueños de las galerías son tan ridículas, que éstos prefieren pagarlas antes que hacer las mejoras que protejan a los mineros.
 
En cuanto a inspecciones, bueno, Kafka otra vez: hay que avisar con anticipación a los propietarios.
 
Los secretarios del gabinete saben que las cosas están mal y seres humanos están muriendo a causa de estas fallas que son evitables: si las empresas hicieran de lado su prepotencia e invirtieran unos pesos en mejorar las condiciones de los socavones.
 
Pero no quieren gastar y, además, a ellos nadie les va a decir qué deben hacer.
 
¿Y qué carajos hacen estos calderonistas siervos de la nación, aparte de asegurar que, ahora sí, les apretarán las tuercas a  los millonetas?

Cero garantías para los mineros
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