El pudridero

En los próximos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrecerá datos espeluznantes en torno del funcionamiento (si a eso se le puede dar categoría de funcionalidad) de los reclusorios en el país. Quienes han elaborado el diagnóstico de supervisión nacional sobre las penitenciarías se han horrorizado.
 
Cualquiera con un mínimo de tiempo e interés en el asunto puede ingresar a las páginas de las comisiones estatales de Derechos Humanos —tanto como a la nacional—, y hallará en todas ellas, sin excepción, un  catálogo de los horrores generados por la complicidad de los gobiernos estatales (y aun federales) con la forma absurda y tolerante del lucrativo "autogobierno" de los penales, entre otras cosas.
 
El problema no es únicamente la sistemática violación de los derechos elementales de los internos, quienes deben pagar (con una moneda o con otra) cualquier clase de servicio en un abanico perverso cuya amplitud cubre su propia y relativa seguridad, los alimentos, los espacios, la posibilidad de dormir en el suelo o atado a las rejas; el pase de lista, la fajina, el servicio médico, la droga, el alcohol, la prostitución, la visita familiar, la visita conyugal y hasta el podrido aire para respirar.
 
Todo es materia de comercio, todo es motivo de abuso. Y el pago más fuerte es el precio de la propia vida. Quien no paga con el propio servicio sexual y la sodomía la servidumbre o ambas cosas, puede amanecer con un picahielos hundido en el estómago.
 
Pero la corrupción no guarda relación únicamente con la industria de la reclusión cuyos integrantes "suben" a estamentos mayores los productos de su negocio. Los custodios mandan hacia arriba el dinero, los directores de los penales suben recursos a los secretarios de gobierno más alto. Ignoro si en el diagnóstico oficial se hace alusión a esa cascada de flujo ascendente, pero hay cosas tan evidentes como para prescindir de su demostración. Son como la luz del sol. No necesitamos describirla ni investigarla, basta con sentir el calor.
 
Hoy, en los días del imperio de las bandas organizadas cuyo poder supera (lo ha dicho hasta el secretario de la Defensa) al de las fuerzas del Estado, el negocio de las cárceles ya no se encuentra puertas adentro sino muros hacia afuera: la tolerancia para las fugas masivas ha llegado ya a extremos realmente imperdonables. No se trata de saber si las responsabilidades son de los gobiernos estatales por no cuidar el portón o de las federales por no discriminar los sitios de reclusión.
 
El problema es absolutamente nacional. Todo esto ocurre en un país supuestamente ordenado e institucionalizado donde cada pieza forma parte del poderío estatal. Y estas fugas sólo nos ponen en el plano más vergonzoso del subdesarrollo y el Estado débil.
 
Las cifras son apabullantes. En los últimos tres años se han fugado de prisiones estatales 522 delincuentes relacionados con delitos graves.
 
Pues sí, anteayer al grito de nosotros también somos #132, se marcharon otros tantos reos de Piedras Negras. En el 2010, ciento cincuenta y dos se fugaron en Nuevo Laredo; ochenta y nueve salieron a pasear del penal de Reynosa. El año pasado se escabulleron 59 en Nuevo Laredo.
 
Amalia García ni se enteró (dice) cuando cincuenta y tres salieron de la prisión de Zacatecas, con tiempo hasta para saludar a las cámaras de vigilancia y subir a las camionetas estacionadas en el patio. Todos iban vestidos de policías. Eso sin contar los 37 de Apodaca, en medio de un baño sangriento.
 
De motines, venganzas, peleas; presos a quienes se les deja salir de noche a delinquir para regresar a la madrugada bajo el cobijo de la prisión previa y demás podredumbres, ya no tiene caso hablar.
 
 
 
CFE
 
La senadora del PRI Leticia Herrera acusó a la Comisión Federal de Electricidad de "terrorismo" contra productores agropecuarios de la Comarca Lagunera. El asunto es simple, los agricultores le deben a la empresa y como no pagan, la Comisión los amenaza con bajarles el switch y retirar los medidores, con lo cual el sistema de pozos y por tanto el riego, quedarían interrumpidos con las graves consecuencias imaginables.
 
Ante esto, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la CFE a buscar nuevos plazos de cobranza sin interrumpir el suministro de energía eléctrica y el desistimiento de acciones punitivas posteriores. Y ya en ese camino, pues de una vez revisar la dimensión de las tarifas.

Las cárceles, problema nacional
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