Somos un país de nota roja

México es más peligroso que Pakistán. En la República (¿?) islámica, refugio de terroristas –Osama bin Laden fue abatido en territorio pakistaní– los atentados provocados por dinamiteros locales y extranjeros, y el fuego amigo de Estados Unidos, causaron el año pasado la muerte de siete mil personas.
 
En suelo mexicano perecieron poco más de once mil.
 
La violencia no sólo daña la economía: nos pudre el alma, nos convierte en un pueblo insensible, cínico, acobardado.
 
Lo único que se nos ocurre es exigir un gobierno de mano dura que tire al cubo de la basura la Constitución y las leyes que, aunque sea no más en el papel, más o menos todavía defienden los derechos básicos. Esos ordenamientos legales, aunque vulnerados un día sí y otro también por quienes protestaron cumplirlos y hacerlos cumplir, nos dan o pretenden darnos categoría de ciudadanos.
 
Sin esos códigos, simplemente seríamos súbditos, números, estadísticas.
 
En este contexto, no sorprende ni asombra la remoción de Jorge Fernando Garza Morales, quien fungía como jefe de la gendarmería municipal de Monterrey y fue sustituido por un militar: el general retirado José Pablo Leonel Vargas Martínez.
 
Desde luego, el cambio está justificado: en tanto formación supuestamente de seguridad pública, la policía regiomontana está desde hace años al servicio del narco. Hay algunos elementos sanos, desde luego. Pero son muy pocos y están maniatados.
 
En estas condiciones, las fuerzas armadas no pueden hacer su trabajo: la guardia urbana, que debería ser su aliada, es el enemigo que tienen a la espalda.
 
Pero hay que respetar ciertos convencionalismos. El Norte escribió ayer que el alcalde Fernando Larrazabal pidió una mayor presencia castrense, a lo cual los mandos de la VII Zona y la IV Región “condicionaron el apoyo a que la corporación fuera dirigida por un militar”.
 
Cuidado: entramos a terreno minado. La prepotencia –y los entorchados no son las personas más humildes del mundo– envenena los acuerdos políticos y a menudo los cancela.
 
Y la guerra, si eso es lo que estamos sufriendo, es, como apuntó el clásico, la manifestación armada de la política.
 
¿No hubiera sido mejor retirar del servicio a todos los agentes y sustituirlos por personal castrense, como ya se hizo en el puerto de Veracruz?
 
Larrazabal no merece respeto, pero Monterrey sí.
 
El condicionamiento, si la versión del diario es cierta, deja malestar. El mismo argumento lo podrán manejar mañana o pasado para poner a generales o almirantes en alcaldías o gobiernos estatales. Claro:
 
En sus tres niveles, la Administración pública está podrida.
 
Sólo así se entiende la gangrena moral que invalida a la gendarmería. Pero, insisto, aquí caminamos en un sendero muy peligroso.
 
 
 
PIE DE PÁGINA: la sucursal de Famsa que ardió ayer tampoco tenía salidas de emergencia. Ya han muerto demasiadas personas por la incuria o corruptelas de Jorge Camacho. El miércoles también se incendiaron las bodegas de dos mueblerías en Los Cavazos.


Los generales imponen condiciones a Monterrey
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